Normativa

Agentes decisores, arbitrariedad y la necesidad de un Congreso Pedagógico Nacional

Surge una nueva instancia de debate en el conjunto social ante una discusión reciente, llevada a cabo en la Cámara de Diputados, donde se aprobó el primer proyecto que amplía los alcances de la Ley de Educación; se trata del artículo 109. El cual suscribe: “Los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos sólo pueden impartirse a partir de los dieciocho (18) años de edad. Para la modalidad rural y conforme a las decisiones jurisdiccionales, los estudios a distancia podrán ser implementados a partir del Ciclo Orientado del Nivel Secundario”; el mismo tiene por objeto garantizar el derecho a la educación y hoy permite el alcance de esta modalidad a menores de dieciocho años cuando existan razones excepcionales que no permitan realizar el ciclo lectivo en modalidad presencial. 

Los primeros interrogantes que surgen son: ¿Quiénes participaron de en dicha discusión? ¿en qué lugar queda la participación de trabajadores de la educación, las familias y los propios estudiantes? ¿Qué factores fueron tenidos en cuenta para abordar la discusión? ¿Qué políticas educativas complementarias se llevarán a cabo para acompañar la ampliación votada? 

Resulta un momento propicio para profundizar la discusión y establecer espacios de debate donde participen todos los actores vinculados con el ámbito educativo; eso refiere a trabajadores de la educación, familias, estudiantes y funcionarios públicos. Dentro de los ejes para abordar seria pertinente comenzar por el método de enseñanza, que en este contexto es la modalidad virtual, el acceso a los dispositivos digitales y conectividad para estudiantes y trabajadores de la educación. 

Por otra parte, dentro de este marco, discutir los contenidos, ya sea los aplicados efectivamente en cada clase como los delineados por los diseños curriculares. Dentro de este aspecto las evaluaciones, sus criterios e instrumentos. Asimismo, y prácticamente de la mano plantear la gradualidad y sistematicidad del sistema educativo actual. 

De la misma manera, abordar las consideraciones en torno al estudiante, en qué medida se tienen en cuenta sus realidades particulares, su capacidad decisora y el estrés en el aprendizaje como consecuencia de la improvisación de quienes no voltean siquiera a escucharlos. En este sentido, que rol se les asigna a los padres y madres, hasta donde es un delegar tareas y hasta donde se considera la capacidad de las familias para llevarlo a cabo. 

Por lo ante dicho merece párrafo aparte las obligaciones del estado, las medidas político educativas de placebo y la factibilidad de las propuestas. 

Factibilidad de la Educación virtual. 

Dado el contexto actual la modalidad virtual es la aparente única garantía para hacer efectivo el ejercicio del derecho a la educación; al respecto surgen como nudos problemáticos los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo esta modalidad tanto para docentes como para estudiantes. En esta línea el acceso a dispositivos digitales y a conectividad presenta una significativa desigualdad, ya sea por la ubicación geográfica, por la composición familiar numerosa o por el poder adquisitivo en detrimento. Situación profundizada por el retraso en el pago de las becas Progresar, las cuales aún en la reciente modificación no ha actualizado el importe al proceso inflacionario. No solo eso, sino que la jerarquización de carreras hace que algunas reciban importes mayores a otras, lo cual lejos de incentivar al estudio de las carreras mal llamadas “estratégicas” actúa como una desvalorización de otras. 

Volviendo al punto ¿Bajo qué criterio se vota la ampliación del alcance de la modalidad virtual sin previamente no se han llevado a cabo políticas educativas que garanticen el acceso el acceso a dispositivos digitales y conectividad gratuita de toda la población enseñante y aprendiente? 

Sumado a lo mencionado se omite discutir la factibilidad de esta modalidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que no solo no considera la capacitación en esta modalidad y en tecnologías digitales que posea el docente. Sobre ello la discusión data de largo tiempo, si algunas deben ser remuneradas o no, la oferta insuficiente o la no correspondencia con las demandas actuales; entre otros ejes. Lo cual debía ser abordado antes de imponer la modalidad para, por lo menos, implementar medidas de acompañamiento que no se limite solo a enviar cuadernillos con actividades. En línea con lo mencionado es necesario considerar la adecuación de los contenidos y métodos didácticos, siendo que estos fueron pensados y trabajados en modalidad presencial. 

Pertinencia y adecuación de los contenidos. 

Al respecto, entendemos que los contenidos abordados a lo largo de la trayectoria escolar, a través de las instituciones educativas, tienen por propósito la distribución de habilidades instrumentales, conocimientos científicos y pautas de socialización, que respondan al desarrollo y realización de los individuos dentro de una sociedad; enmarcados en un tiempo y espacio determinado; es decir, que suponen corresponder a la realidad que habita. Asimismo, ésta debería otorgar las herramientas analíticas que le permitan al individuo, no solo realizar lecturas de marcos teóricos ya desarrollados, sino que además debería permitirle producirlos por sí mismo en pos del beneficio y desarrollo de la sociedad y su propia existencia. 

Por tanto, en este punto, cobra sentido la vinculación entre la factibilidad de la modalidad y la pertinencia y adecuación de los contenidos; ya que no basta con la seleccionar los contenidos si tal selección no considera la forma en la que serán enseñados. Dicho en otras palabras, el propósito de la selección de contenidos depende no solo de su pertinencia, depende también de la congruencia entre estos y el método de enseñanza. 

Entonces, es momento de comenzar a abordar los debates en torno a que los únicos conocimientos válidos no son solo lo plasmados en los manuales y el hecho educativo no es exclusivo de las instituciones educativas. Si consideramos lo antedicho, y ante el contexto excepcional que se atraviesa, es un hecho ineludible la readaptación de la actividad pedagógica a las realidades inmediatas de los estudiantes. De esta manera se lograría saldar la distancia que muestran actualmente los contenidos y las actividades llevadas a cabo para trasmitirlo, es momento de comenzar a considerar los conocimientos que surgen de la vida cotidiana y contexto de los estudiantes. Dicha dimensión no escapa a repensar los criterios de evaluación y recordar que su objetivo no es filtran a los más aptos, catalogarlos, o impactar negativamente en su autoestima, sino que es un instrumento para pensar la actividad pedagógica en general. 

En correlato, se abre puerta a poder replantear la gradualidad y sistematicidad del sistema educativo; si la modalidad virtual o semipresencialidad serán consideradas como opción, y si se logra garantizar el acceso a los instrumentos necesarios, sería posible pensar en una educación que tenga por objeto enriquecer al individuo. Es aquí donde surge otro punto controversial, el objetivo que tiene la educación, siendo que, hasta el momento, solo ha sido un instrumento homogeneizador y reproductor de desigualdades sociales y de competencias básicas para la fuerza de trabajo. 

Evidentemente se ha desvirtuado en los hechos el objetivo de este derecho humano; se puede suponer que esto se da debido a la mala interpretación de la “obligatoriedad”, que se refiere a una obligación del estado a garantizarla y no a una obligatoriedad para el individuo como condición excluyente. Es así que, retomando el punto, si se retorna a la concepción de la educación como derecho y a la obligatoriedad como responsabilidad del estado, puede proponerse, en el marco de virtualidad y semipresencialidad, una no gradualidad del sistema educativo y de esta manera, exhibirse diversas propuestas educativas que se ajusten al interés de los estudiantes y a sus contextos particulares. Sin embargo, lo antedicho difícilmente pueda ser posible si quienes ejecutan las decisiones continúan siendo indiferentes a las demandas de los sujetos que aprenden. 

Agentes decisores y arbitrariedad. 

Ahora bien, ¿quienes participan en las propuestas de políticas educativas y en la toma de decisiones? Es sabido que en la formulación de políticas públicas participan un conjunto de actores que van desde representantes político partidarios, representantes sindicales, representantes de organizaciones sociales; los cuales son elegidos democráticamente y que deben representar los intereses del conjunto social. En este sentido, también es sabida la tensión que emerge ante las distintas posiciones que traccionan en conformidad con sus intereses particulares. Pero, resulta que la controversia en este caso específico se da porque, en lugar de ser un consenso entre partes por responder a los intereses del conjunto, este hecho se configura como un acto de complicidad donde se omiten voces y condiciones sociales y materiales de los individuos. 

En lo que respecta a los trabajadores de la educación la modalidad virtual sin las garantías de acceso a conectividad gratuita, a dispositivos digitales y a una organización previamente acordada entre familias e instituciones, se les presenta como una problemática en crecimiento. Ya que por un lado tiene un creciente gasto en conectividad debido a la inflación y un trabajo 24×7, al mismo salario. Automáticamente entran en escena las familias, quienes no tiene mas opción al rol forzosamente delegado de acompañamiento pedagógico, y ante el cual no tienen herramientas para poder sobrellevarlo; no por nada los docentes transitan un periodo extenso de formación para adquirir las competencias necesarias. Es así que demandan la respuesta de docentes en cualquier momento y día de la semana. A su vez este colapso de las familias acontece al mismo tiempo que los estudiantes atraviesan un profundo estrés en el aprendizaje, una falta de esquema organizador que le permitan abordar la cantidad documentos con actividades y la falta de disponibilidad de conectividad y dispositivos digitales, al igual que los docentes. 

Es así que cabe preguntarse, ¿Cuáles fueron los criterios considerados por los funcionarios públicos al votar la extensión del alcance de la modalidad virtual?, se torna una suerte de improvisación permanente que afecta en diversos aspectos a familias, trabajadores de la educación y estudiantes. No solo no fueron considerada la voz de los estudiantes, siendo ellos los más afectados, sino que además no fueron consideradas las familias y sus particularidades económicas y sociales; así como fueron ignorados los trabajadores de la educación. 

Por todo lo expuesto es menester establecer espacios de debate con todos los actores intervinientes en un congreso pedagógico a nivel nacional, discutir que políticas educativas acompañaran normativa, las condiciones laborales de los docentes, y las condiciones materiales y sociales de las familias y estudiantes. 

1 Rocio Agüero. Estudiante Lic. En Educación. Universidad de Lanús. 

rocionoeliaaguero4486@gmail.com 

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