La violencia es un fenómeno social que no se origina en la escuela, pero que -como a cualquier otro espacio de interacción social- la atraviesa.
Agresiones físicas, pertenencias dañadas, amenazas, insultos, burlas, descalificaciones. Algunas de estas situaciones son muy obvias o evidentes, pero a la vez tan frecuentes que, en infinidad de ocasiones, las toleramos, las dejamos pasar, y, por ende, las naturalizamos.
Otras manifestaciones de violencia en la escuela son un poco más difíciles de identificar con claridad, aunque también son muy frecuentes. Chicos que suelen perder su cartuchera o su carpeta, que se ponen nerviosos al participar en clase, que tartamudean, que quedan solos en trabajos prácticos grupales, que son llamados por apodos con potencial de herir, que muestran signos de tristeza o malestar físico, que faltan más de lo normal, que no se relacionan con compañeros fuera del colegio.
Lo cierto es que solemos percibir estas situaciones como aisladas. Y en algunos casos es probable que lo sean. Pero también pueden ser producto de una situación de hostigamiento o acoso entre pares, una problemática que en Argentina tiene cada vez más incidencia en la población total de niños y adolescentes.
El acoso entre pares, hostigamiento o bullying es un fenómeno que se caracteriza por la existencia de patrones repetitivos de aislamiento o de agresión en los planos físico, verbal, psicológico o social. No debemos entenderlo como un fenómeno entre personas aisladas justamente porque es un acto público, un acto entre dos o más, ofrecido a otros cuya mirada y cuya aprobación es condición necesaria para el ejercicio de una relación asimétrica de poder. Es por esto un hecho estrictamente social y no individual.
En una escuela del interior de la Provincia de Buenos Aires en la que trabajo, fuimos notando ciertos hechos y actitudes, pero ni docentes, ni tutores, orientadores o equipo directivo supimos tomar real dimensión a tiempo de lo que sucedía.
En varios grupos de alumnos, notamos que algunos estudiantes con frecuencia perdían materiales, quedaban de lado o dejaban cada vez menos oír su voz. Tras varios meses de recibir a diario malos tratos, una alumna por suerte se cansó y compartió en casa su malestar. Enseguida una compañera más pudo hacer lo mismo. En otro grupo, con ayuda de su familia y de una tutora, otro alumno pudo también tomar conciencia de que algunas cosas no son broma.
A raíz de esto, nos tocó asumir -muy tardía y amargamente- dos cosas importantes. En primer lugar, entendimos que en ciertos grupos de alumnos (y muy probablemente en todos) tenemos un problema. En segundo lugar, comprendimos que, al no trabajar preventivamente en materia de convivencia en la escuela, terminamos interviniendo demasiado tarde.
Al trabajar estos emergentes con el resto de los directivos, también comprendimos que algunos aspectos problemáticos del trato entre pares que creíamos circunstanciales son, en realidad, síntoma de patrones vinculares presentes en los tres niveles educativos.
A raíz de lo que fuimos aprendiendo al transitar estas experiencias, identificamos la necesidad de contar con herramientas o criterios comunes para prevenir y ayudar a los niños y adolescentes con estas problemáticas (anticipando situaciones, reflexionando sobre el efecto de la agresividad en otras personas y en el grupo, identificando señales de alarma y evaluando en cada caso si existe o no una situación de hostigamiento, para comprenderla en su real dimensión, enunciarla e intervenir).
¿Seremos los educadores realmente conscientes de las implicancias que tiene en el desarrollo integral de un niño o un adolescente el convivir con otros a diario en un clima hostil en el muchos adultos y pares se le representan como espectadores silenciosos y, por ende, de alguno u otro modo como cómplices?
El déficit de los adultos en relación a los problemas de convivencia puede dar lugar a privaciones y agresiones de gravedad o a actitudes discriminatorias que, sostenidas en el tiempo, pueden derivar, en ciertos casos, en malestares muy profundos, autolesiones e incluso el suicidio.
Un relevamiento realizado por la ONG Bullying Sin Fronteras a inicios de 2022 señala que, alrededor del 70% de los niños y niñas de la Argentina sufren con regularidad algún tipo de acoso o ciberacoso. Este relevamiento también indica que sólo entre 2019 y 2022 aumentó en un 20% la cantidad de casos reportados en nuesto país (ascendió de 12.300 a 14.800 casos reportados, respectivamente), posicionando hoy a la Argentina entre los primeros 15 países con más casos de acoso y ciberacoso en el mundo.
Frente a estas cifras, ¿quién debería tomar la posta? ¿Quién enseña a convivir?
Hace una o dos generaciones atrás, las instituciones educaban en equipo. La escuela, la familia, el club, los medios, los libros, etc. transmitían en materia de convivencia un mensaje más o menos homogéneo.
Hoy, es cada vez menos frecuente encontrarnos actuando con unidad de criterio para ayudar a los niños y a los adolescentes a reconocer lo que hacen, dicen, sienten y piensan, a responsabilizarse por las acciones que atentan contra otros y a reparar el daño cuando es posible. Puertas adentro de la institución la situación no es diferente: los parámetros de aquello que es y no es aceptable no son compartidos por todos.
De hecho, al interior de la escuela, la convivencia (al igual que otros aspectos igualmente importantes) rara vez es trabajada de forma sistemática y conjunta, quedando su tratamiento liberado a la priorización que los equipos de gestión hacen en función de sus posibilidades, a las iniciativas de cada docente aislado o a las propuestas de los estudiantes para encontrar momentos en donde tratar algunos temas y problemas que preocupan. Esto es hoy patente en la mayor parte de las escuelas (sean estas de gestión pública o privada).
Para quienes trabajamos en educación, es sumamente importante tomar conciencia de esta situación, porque apela y afecta de manera directa a la autoridad pedagógica y su construcción. Necesitamos garantizar ámbitos para repensar y ensayar nuevos posicionamientos en materia de convivencia.
Esto implica no sólo el desafío de intervenir, sino de algo mucho más elemental como reconocer y visibilizar esta problemática (es llamativo que, un cuarto de siglo después de emerger a nivel mundial, continuemos aún sin adoptar un criterio común sobre cómo nombrar, prevenir e intervenir sobre la problemática del acoso, hostigamiento o bullying).
Saber cómo actuar es un factor crucial para mitigar la problemática del acoso en la escuela.
Un abordaje efectivo implica, en primer lugar, entender que toda situación de violencia o de hostigamiento afecta al grupo entero de alumnos, evitando explicaciones centradas en la existencia de individuos patológicos (a lo que contribuyen enunciados como ‘tal es violento’ o ‘tal es sumiso’) y trabajando activamente sobre quienes -en cada situación- ocupan un rol de testigos o espectadores, que son quienes pueden desactivar la agresión, sea mediando, denunciando o simplemente tomando distancia, retirando el público.
La principal responsabilidad en relación al acoso entre pares y otras problemáticas asociadas a la violencia escolar recae en el Estado, que es quien, a la par de los avances en normativa, debe garantizar los tiempos, espacios y recursos que deben destinarse a la creación y fortalecimiento de equipos regionales y distritales especializados, al desarrollo de investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre convivencia escolar y a la difusión de prácticas eficaces para el abordaje de este aspecto de la vida de la escuela.
A nivel institucional, fundamentalmente en los niveles inicial y primario, pero también en secundario, son los equipos de gestión quienes necesitan apostar a la formación de los docentes para prevenir y abordar, con criterio pedagógico, tanto el acoso escolar como toda otra situación de violencia. También son necesarios el trabajo sobre convivencia en la currícula, la creación de acuerdos de convivencia con la participación de diferentes actores de la comunidad educativa (incluyendo a directivos, docentes, padres y alumnos) y el establecimiento de claros lineamientos sobre las sanciones a aplicar en caso de transgresión de las normas.
A nivel del aula, el factor clave tiene que ver con el posicionamiento docente. Si como docentes toleramos el maltrato abierto a diario, asumimos el papel de espectadores frente a un acto que, por ser público, terminamos por avalar. Si ante situaciones de violencia manifiesta no nos hacemos presentes en nuestra función pedagógica, corremos el umbral de lo aceptable y -al percibir nuestros alumnos que vemos u oímos y no actuamos- legitimamos la violencia como instrumento y como lenguaje, promoviendo niveles cada vez más altos de agresividad.
Hay aspectos, como el amparo y el cuidado de los niños y adolescentes que tenemos a cargo, que, independientemente de las condiciones en las que trabajamos, son esenciales a nuestro rol. La vulnerabilidad de los alumnos es siempre prioritaria respecto de la nuestra, por el hecho de contar los adultos con mayores recursos para lidiar con la realidad, por dura que sea.
Considerando lo planteado hasta aquí, ¿Qué prioridad deberíamos dar en la escuela al trabajo en materia de convivencia?
La pregunta sobre qué es importante enseñar y aprender es una cuestión clásica en educación que ha encontrado respuestas variadas, fundamentalmente en relación con la cultura y el momento histórico en que se formula. Dada la situación actual, ¿qué respuesta encontraríamos a esta pregunta?
Muy frecuentemente encontramos respuestas centradas en contenidos y materias que poseen un valor utilitario. A aspectos de la idiosincrasia de cada contexto local, hoy se suman la influencia de los discursos y las evaluaciones estandarizadas promovidas a nivel global.
Naturalmente, poner la convivencia en agenda naturalmente implica correr el foco de otras cuestiones importantísimas.
Sin embargo, ¿de qué sirve comprender un texto o aprender matemáticas y ciencias si no podemos también aprender a convivir? ¿Qué más enseñamos hoy en la escuela además de lo que intencionalmente pretendemos enseñar? ¿Qué más transmitimos cuando naturalizamos el maltrato cotidiano entre pares y los padecimientos individuales asociados a ese maltrato?
Estas preguntas son fundamentales porque hablan del rol que atribuimos a la escuela en su conjunto y del alcance real que pensamos que tiene aquello que sucede allí dentro.
Las actividades de reflexión y de toma de conciencia sobre la importancia de valores como la empatía, la solidaridad y el buen vínculo entre pares son importantísimas, y es conveniente planificarlas y llevarlas adelante en equipo, desde diversos espacios.
Igualmente importante es acompañar estas propuestas con coherencia en la intervención, marcando con firmeza -en pequeñas y grandes acciones- que hay actitudes que no podemos naturalizar o tolerar.
En nuestra experiencia, sin embargo, a pesar de ser tardías, las intervenciones dieron frutos. En poco tiempo notamos signos de mejora. Cuando los chicos encuentran referentes que se preocupen y se unen para contener, escuchar y acompañar, consiguen regular la agresividad y, como resultado, tanto la inhibición de participar como el malestar ceden poco a poco.
Confiamos en que la decisión de comenzar a trabajar desde todos los niveles educativos con unidad de criterio tendrá efectos positivos para todos nuestros alumnos. No es posible encarar este trabajo en solitario.
Autoridades, directivos y docentes necesitamos buscar con urgencia el abordaje sistemático y conjunto del aspecto convivencial. También es necesaria la participación de las familias. Pero sólo en la medida en que nos situemos de manera integral en nuestro rol de educadores podremos demandar de ellas su confianza y solicitar la escucha y la palabra oportuna para comunicar qué pasa en casa.
Quienes en primera instancia necesitan esto de todos nosotros son nuestros alumnos. Ellos también deben tener la oportunidad de ensayar posicionamientos que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos y al fortalecimiento de lazos de solidaridad.
Podrán hacer su parte cuando los adultos actuemos, no como espectadores pasivos, sino como referentes y aliados que trabajan de manera conjunta para garantizar los derechos educativos más fundamentales, entre los que se encuentra el derecho de enseñar y aprender en un contexto de paz, de solidaridad, de tolerancia, de respeto a la diversidad, de igualdad y de justicia.
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